Salvemos la hospitalidad

Dice un refrán popular que “si las barbas de tu vecino se mojan, pon los tuyos a remojar”, y visto lo que ha sucedido en Italia tenemos que alertar de lo que pueda suceder en nuestro país ante la previsible reforma de la Ley de Extranjería.

Efectivamente, los diputados italianos adoptaron con 279 votos a favor y 225 en contra y tres abstenciones, el jueves, 14 de mayo de 2009, bajo la presión de la extrema derecha, una ley controvertida sobre la seguridad interior  que convierte la inmigración  sencillamente en delito. El texto, que ahora deberá ser aprobado por el Senado, ha sido criticado por oposición, organizaciones humanitarias e Iglesia católica.

Tras meses de discusión parlamentaria, el Gobierno que dirige el derechista Silvio Berlusconi ha logrado que la Cámara Baja dé luz verde al paquete de medidas que busca «incrementar la seguridad en las calles y endurecer la lucha contra la inmigración clandestina».

La norma que ha generado más controversia es la que establece un delito de «inmigración y estancia clandestinas», reprimido con una multa de entre 5.000 y 10.000 euros y posibilita la denuncia ante los tribunales de inmigrantes en situación irregular. Asimismo, impone a los extranjeros el pago de entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia y de 200 euros para obtener la ciudadanía. Amplía, además, de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de identificación y de acogida.

«Cerramos las puertas y sólo las volveremos a abrir para los que vienen a trabajar e integrarse», resumió Silvio Berlusconi. Según el jefe del Gobierno, un 76% de los italianos apoya la posición de su Ejecutivo.

A ello se añade, bajo la  especial presión del partido de la Liga del Norte (extrema derecha), la posibilidad que grupos de ciudadanos realicen rondas para señalar las alteraciones del orden público. La ley prevé, además, realizar un registro de los «sin techo».

El centroizquierda y las asociaciones de defensa de los inmigrantes calificaron las medidas como «una vuelta a la lógica de las leyes raciales de la época de Mussolini». El jefe de la oposición, Dario Franceschini, advirtió de que, se volverá a la época en la que el Estado «confió la seguridad» a los «camisas negras» (milicias voluntarias fascistas).

A partir de ahora el hecho de alquilar un apartamento a un inmigrante clandestino o simplemente ofrecerle el hospedaje podría ser sancionado con penas de hasta tres años de cárcel.

Amnistía Internacional (AI) denunció el mismo día 14 la «progresiva erosión de la tutela de los derechos humanos» en Italia, sobre todo, los de «los grupos más vulnerables, tales como inmigrantes, minorías y solicitantes de asilo».

El propio presidente italiano, Giorgio Napolitano, alertó ante el riesgo de que se difunda «una retórica pública» con «acentos de intolerancia y xenofobia» y advirtió del riesgo de que las diferencias étnicas, religiosas y culturales se traduzcan en un factor de exclusión.

Para la Comisión Europea, tan del mercado y tan poco social,  esas medidas deben ser definitivamente aprobadas antes de emitir un pronunciamiento, pero «a primera vista, no parecen contravenir» la legislación europea en materia de inmigración.

La aprobación del texto por el Senado se realizará próximamente y sin dificultad, ya que el Gobierno dispone de una amplia mayoría en esta Cámara.

Visto lo visto, la previsible reforma de nuestra Ley de Extranjería destaca también negativamente en el marco de una legislación respetuosa con los derechos humanos. Concretamente  el art. 53. 2 c) de la Reforma. Éste señala como infracción grave (con multa de 501 a 10.000 euros) la promoción de la permanencia irregular en España de un extranjero.

Entiende que se produce el ilícito “cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y prolongue la estancia autorizada más allá del período legalmente previsto.” Con indudable mala conciencia, tratando de proporcionar lo absolutamente desproporcionado, el legislador añade: “En la propuesta de sanción por esta infracción se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares”. Consideramos que se trata de un precepto claramente prescindible en su totalidad. No podemos dejar a la buena voluntad de los intérpretes de la norma cuestiones tan relevantes como la criminalización de personas y entidades solidarias que facilitan hospedaje, apoyo y manutención a inmigrantes. De ahí el “salvemos la hospitalidad”

Luis Pernía Ibáñez  (ASPA)