Población sobrante

A raíz de las crisis iniciado en 2008 la población inmigrantes se ha convertido en chivo expiatorio de una realidad económica y social que ella no ha provocado. La situación ha llegado a tal extremo que el debate ya no gira sobre la legislación de políticas migratorias o el paro, sino de que cinco millones de personas foráneas sobran.

Llegados a este punto nos preguntamos ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad.

Se ha recorrido un camino hacia ninguna parte al empuje de estas razones:

1. Los inmigrantes ya no caben en nuestro escenario político. Razones legales
2. Inmigrantes de usar y tirar: Razones sociales
3. Los nadies. Razones éticas

1. Razones legales.- Decía Murphy que las cosas solo van a peor. A lo mejor se equivocaba, pero no en el caso de la  cuarta reforma de la Ley de Extranjería aprobada  en el Congreso el 7 de diciembre de 2009 y aplicable desde el día 13 del mismo,  que emprende el camino de la ‘berlusconización’,  criminalizando a los  sin papeles,  convirtiéndoles en mera herramienta de trabajo y  golpeando la convivencia de la sociedad española

En un mundo más ancho por la globalización, pero más estrecho por la insolidaridad esta Ley nos ha convertido a todos los españoles en ciudadanos menos dignos, en un país menos decente y en sospechosos de "infracción grave" por el simple hecho de prestar ayuda a estas personas. CEAR, Caritas, Red Acoge, USO, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, REDI  y la Plataforma de solidaridad con los inmigrantes de Málaga se han expresado en ese sentido abundando que se hace en el contexto de una crisis económica que las personas inmigrantes no han provocado, pero en la que se han  convertido en “chivo expiatorio”.
Los apartados más polémicos son cuatro. El principal y que más críticas ha levantado es el aumento de 40 a 60 días de los encierros en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Los otros tres están relacionados con los derechos y las sanciones: sólo se podrá reagrupar a los cónyuges, hijos y ascendientes mayores de 65 años; los sin papeles víctimas de violencia de género serán expulsados si no se demuestran los malos tratos; y se multará con hasta 10.000 euros favorecer la estancia de un inmigrante en situación irregular.

2. Razones sociales.- Los inmigrantes son carne de cañón, trabajadores de usar y tirar.”Los inmigrantes son buenos a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la tarde deben desaparecer”, decía  Juan Enciso,  alcalde de El Egido.  “Los inmigrantes saturan urgencias y nos quitan trabajo”, y parece que el PP ya tiene lema para las municipales "No cabemos todos". Rajoy, Aguirre y Sánchez Camacho lo desvelaron a raíz de la negativa de los ayuntamientos de Vic y Torrejón de empadronar a los inmigrantes  azuzando el debate sobre la inmigración con fines electorales. Van en busca del voto más ultra con argumentos ultrademagógicos  explotando tópicos. Pese a lo que dicen los tópicos, los inmigrantes no saturan las urgencias de los hospitales (el 75% pide cita antes en el centro de salud) ni vienen  a quitar el trabajo a los españoles (su tasa de paro es del 21,1% y la global de la región, del 14,4%). Tampoco se llevan todas las becas (sólo el 10% de ellos las reciben) ni copan las plazas en las escuelas (sólo el 5% accede a guarderías públicas).
Hay que desmontar los falsos mitos sobre los extranjeros (hay 1,1 millones en la Comunidad de Madrid) y demostrar que cada vez están que cada vez están más integrados.  El 76% de los inmigrantes quiere tener nacionalidad española (hace un año eran el 61,6%) Las políticas xenófobas no tienen razón de ser. En España se debe empadronar, aunque el empadronamiento no genera derechos (el Supremo ha dicho reiteradamente que no es prueba de arraigo) y es solo una foto estadística de la realidad. Es clave para planificar los servicios y medir la financiación que reciben los municipios. En Italia los inmigrantes sin papeles no pueden inscribirse en el padrón; en este país la ley deja a los sin papeles y sus familias sin acceso a la sanidad y la educación.
Pero las razones sociales están a pie de calle, sobretodo a raíz del aumento del paro. “He visto a un negro trabajando y mi marido está parado” decían alguien en la calle La Unión al contemplar las obras del metro; aquella persona no pensó que aquel negro era un ciudadano portugués perteneciente a una de las empresas constructoras del metro.

3. Razones éticas.- Mas que éticas, razones de conveniencia que convierten a las personas inmigrantes en “los nadies” como dice Eduardo Galeano Estas razones se amparan en el llamado ius soli (el derecho de pertenecer a un territorio). Los que no han nacido en este “suelo” quedan excluidos y relegados, aunque sean tan seres humanos como los de aquí. Dice Carbonell, uno de los investigadores de Atapuerca, que “somos más territoriales que los chimpancés”. Los que han nacido en el lado malo de la geografía por lo visto aquí no tienen sitio.

Ahí está la obsesión francesa de poner en marcha “el carnet de ciudadano” para forzar la integración de los inmigrantes.. El primer ministro francés, François Fillon, y el ministro de Inmigración, Eric Besson, en  rueda de prensa  el lunes, 8-2-2010, han anunciado las nuevas medidas para reforzar el concepto de "identidad nacional" y "cultivar el orgullo de ser francés". Hace tres meses, el Gobierno de Sarkozy propuso un polémico debate planteando a los ciudadanos la pregunta "¿qué significa ser francés hoy en día”.  Lejos de darlo por concluido, a pesar de las numerosas críticas suscitadas entre todas las fuerzas políticas el incordio a los inmigrantess ha seguido. “Nuestro primer objetivo es hacer que se conozcan mejor los valores de la República", dijo Fillon en la rueda de prensa. El segundo, añadió, es "cultivar el orgullo de ser francés" y el tercero, "reforzar la integración de los extranjeros". Para conseguir esta última meta se pondrá acento en el conocimiento de la lengua francesa.

En esta espiral deshumanizada el gobierno italiano, que ya declaró delito la inmigración irregular, ha puesto en marcha un sistema de puntos para hacer más imposible el encuentro con los ciudadanos inmigrantes. Efectivamente el Gobierno italiano el día 7-2-2010 decide poner en marcha un permiso de residencia para los inmigrantes, que tendrán dos años para aprender la lengua y conocer la Constitución. Con este sistema los inmigrantes irán sumando puntos hasta llegar a los 30 necesarios para renovar el permiso de residencia. Pero si son detenidos por haber delinquido, trabajan de forma ilegal o no cuentan con una vivienda comprada o con un alquiler con contrato, se les restarán puntos, lo que hará peligrar su permanencia en Italia y abrirá la puerta a su expulsión.
En este acoso y derribo a las personas inmigrantes con motivo de empadronarlas o no surgió de nuevo en nuestro país el tema de exigirlas que firmen “un contrato de integración”. ¿De que contrato se trata? ¿Qué aspectos debe implicar ese contrato?
Solo queda el camino de la invisibilidad. En nuestro país, las personas inmigrantes “invisibles” sobrepasan las 1.000.000 y en Málaga las 14.000. Evidentemente las preguntas que nos tenemos que hacer una y mil veces es ¿por qué la necesidad de que estas  personas no cuenten? ¿por qué, sin más, la  indefensión y la vulnerabilidad?

Vivimos en un mundo en dicotomía, de triunfadores  y perdedores, de vencedores y víctimas, donde estas últimas, como en el Imperio Romano, no son consideradas no solo ciudadanas, sino  ni siquiera personas. Víctimas que en la sociedad de la información  no son visibles, no aparecen,   y que a lo sumo se ofrecen  en diferido, inconexas o en flases escuetos, que parecen responder solo a esa necesaria pincelada que justifique nuestra mala conciencia. Como cuando muere un inmigrante en Afganistan, como en el caso del colombiano John Felipe Romero (uno de los 5.171 extranjeros que actualmente forman parte del Ejército) y  el grupo “Aquí no cabemos todos” sale a la palestra y dice que “está integrado en nuestro país hasta el punto de defender sus valores” (M. Rajoy, 3 -2-10). Pero nosotros nos preguntamos ¿cómo es posible que un soldado de nacionalidad colombina defienda la paz y a España y sus valores,  y  no tenga cabida en este país?

¿Las personas inmigrantes son población sobrante?

Luis Pernía (ASPA)




CÁRITAS ALERTA SOBRE LOS INTENTOS DE INVISIBILIZAR A LOS INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR

Madrid, 25/02/2010

Cáritas. 25 de febrero de 2010.- Ante la polémica surgida en la opinión pública sobre la negativa de diversos Ayuntamientos de empadronar a extranjeros en situación administrativa irregular, que ha ido acompañada de un cruce de informes, apoyos y críticas tanto por parte de los representantes de los poderes públicos como de los medios de comunicación y de numerosas organizaciones sociales, Cáritas desea aportar, desde su larga trayectoria de trabajo en este ámbito, una reflexión más profunda de un fenómeno que afecta a unos seres humanos que viven en condiciones especialmente precarias y vulnerables.

El registro en el padrón, una obligación y un derecho

Las dificultades que en algunos territorios del Estado encuentran las personas migrantes para ser empadronadas eran bien conocidas antes de que surgiese la actual polémica, una cuestión sobre la que siempre Cáritas ha recordando que el padrón, en cuanto registro administrativo donde deben estar registradas todas las personas que viven en nuestro país, es también una herramienta estadística que sirve para ajustar las políticas sociales. Este registro continuo constituye no sólo un derecho para los ciudadanos, ya sean españoles o extranjeros, sino también una obligación para las Administraciones locales, que deben velar porque el padrón sea un reflejo fiel de la población real de cada municipio.

En el caso de los extranjeros no comunitarios, esta obligación cobra especial relevancia porque es la puerta de entrada al ejercicio de una serie de derechos que la ley les reconoce, con independencia de su situación administrativa.

Por tanto, es necesario recordar que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal es procedente, con independencia de que esas personas tengan o no autorización de residencia en territorio español, y que, a efectos de trámite de sus solicitudes de inscripción en el padrón, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte.

“Pisos patera” y acceso a la vivienda

Junto a la polémica sobre el acceso al padrón ha salido también a la luz el fenómeno de los llamados “pisos patera”, una realidad  bien conocida por Cáritas desde hace bastante tiempo sobre la que ahora se anuncia la intención de modificar las condiciones de habitabilidad de una vivienda para establecer la superficie habitable por persona y, por tanto, cuántas personas pueden ser empadronadas en un mismo domicilio. Asimismo, se baraja la posibilidad de sancionar al arrendatario que permita situaciones de hacinamiento.

Cáritas ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo al fenómeno de las “camas calientes” y de los “pisos patera”, que guarda una relación muy estrecha con una grave realidad social como es la falta de vivienda y la dificultad de acceso a la misma. Debe señalarse que en España todas las Administraciones públicas tienen competencias propias en material habitacional, por lo que todas ellas tienen responsabilidad directa a la hora de promover y garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, sobre todo para aquellas personas en situación de desventaja social.

Recordamos que ya en el año 2001 fueron censadas 1.447.880 familias que habitaban en infraviviendas, lo que pone en evidencia que las dificultades de acceso a la vivienda y los problemas de hacinamiento no son realidades generadas por los recién llegados, sino más bien una consecuencia directa de un modelo de crecimiento que excluye a muchas personas del acceso a una vivienda digna.

Impedir su condición de vecinos

A la luz de estos hechos, Cáritas, que basa su trabajo en la promoción y la defensa de la dignidad humana de la persona, recuerda que el inmigrante irregular tiene derechos y no puede ser invisibilizado. Al obstaculizar su acceso al padrón, sólo se está intentando que estas personas dejen de existir en las estadísticas, sin que por ello dejen de vivir entre nosotros. Lo que está en juego es el acceso a los derechos básicos de los inmigrantes en situación irregular, a quienes, por ley, se les reconocen los derechos de salud, educación, reunión, manifestación, huelga o sindicación, pero a los que se pretende impedir su condición de vecinos.

Tras este debate sobre el empadronamiento, urge alertar que los problemas para los inmigrantes sin papeles siguen intactos y que persiste un grave déficit en recursos y políticas públicas capaces de resolver las necesidades sociales de una parte importante de la población.

Como ya señaló en su día el VI Informe FOESSA (2008), las últimas décadas de crecimiento económico no han repercutido en una disminución de los niveles de pobreza en España. Y si esta realidad de desigualdad social se agudiza a causa de la crisis económica, no es por culpa de la población inmigrante. Existiría una calculada intención de distracción si se intentase responsabilizar a los que han venido de fuera del deterioro de nuestro bienestar, el cual  se recuperaría “limpiando” el padrón o eliminando los “pisos patera”. Con estos mensajes estamos sembrando en nuestros barrios y comunidades la semilla de la xenofobia y del racismo, y de nuevas formas de rechazo y exclusión social.

PROPUESTAS

A la luz de este debate, Cáritas reitera su apuesta por impulsar un amplio consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el Hecho Migratorio, que siente las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración en los ámbitos nacional, autonómico y local.

Junto a ello, es urgente asegurar el acceso a los derechos sociales básicos para todas las personas que viven entre nosotros, utilizando el padrón continuo para conocer de manera fiable y segura la residencia de los beneficiarios. No podemos ignorar que abordar los retos y desafíos de la inmigración implica ir más allá de las políticas de extranjería y apostar por el desarrollo de políticas de integración.

Asimismo, es necesario, por una parte, identificar los problemas que están en el origen de muchos problemas de integración, como son la falta de vivienda y la dificultad de acceso a este derecho, y la ausencia de una adecuada articulación entre las políticas locales, autonómicas y estatales, y, por otra, aumentar la inversión en las políticas sociales de acceso a derechos básicos en todos los niveles, pero especialmente en aquellos más cercanos a las personas.

En el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, en cuyo primer semestre nuestro país asume la presidencia de la UE, Cáritas anima a los poderes públicos a liderar un modelo de sociedad española y europea auténticamente inclusiva e integradora.