Quiero comenzar estos apuntes recordando las 1.167 personas han perdido la vida en 2007 intentando simplemente buscar otro futuro, salir de la situación sin presente que perciben en sus países. Pero ni mucho menos son todos: nunca sabremos realmente cuantas han muerto. Sólo en este año posiblemente estemos hablando de la escalofriante cifra de 7.000 personas.

Se trata sin duda de una catástrofe humanitaria de similar envergadura a tantas catástrofes naturales que asolan el planeta. Sorprende la indiferencia de una buena parte de nuestra sociedad. Sorprende aún más el empecinamiento en continuar con las mismas políticas que vienen demostrando su fracaso durante años, ineficaces incluso para el objetivo que dicen pretender y causantes de tanta muerte, dolor y sufrimiento.

Durante el año 2007, citando fuentes de la APDH, ante el incremento de la migración africana a Europa a través de las islas Canarias, el Gobierno español ha puesto en marcha un despliegue sin precedentes, desconocido hasta ahora en su magnitud, para el control de fronteras.  Pero con  toda seguridad será inútil. De forma inexorable se han ido trasladando los escenarios del drama, conforme se iban multiplicando las dificultades para poder sortear los controles fronterizos. De Cádiz a Granada y Almería, luego a Ceuta, Melilla y Marruecos. Posteriormente el Sahara, Mauritania y ahora Senegal, Gambia o Cabo Verde.

¿Hasta donde se va a llegar?  Nuevas generaciones de jóvenes africanos tienen firmemente interiorizada la necesidad de salir de sus países, de fugarse de donde no ven ningún futuro para ellos y sus familias. Jóvenes que han dicho basta, que sean cuales sean las dificultades y las penurias, sea cual sea el riesgo de perder la vida, van a seguir intentando llegar a Europa, que se presenta para ellos como la única alternativa de una vida digna.

 Frente a esta realidad ampliamente extendida en el continente, el incremento de los controles, de las políticas restrictivas, de la represión o de la implicación de los gobiernos africanos… está condenado irremediablemente al fracaso.

Como denuncia en su Informe APDH, lo que es inevitable y consustancial a este tipo de políticas es la gravísima violación de derechos humanos que provoca. Miles de muertos, miles de heridos, militarización, cooperación condicionada, desprecio a los pueblos africanos, trato degradante e inhumano a las personas, deportaciones, denegación del derecho de asilo y refugio, aumento del racismo… Lamentablemente el Gobierno de España y la Unión Europea cierran los ojos ante esta vulneración de Convenios Internacionales de protección de los derechos humanos, de graves incumplimientos de nuestra propia legislación y de la Constitución, considerando que se trata de un simple e indeseado “efecto colateral” en la lucha por lo que consideran un bien mayor: el control de nuestras fronteras y el cumplimiento de políticas de lucha contra la inmigración ilegal.

Pero ningún control de fronteras justifica la violación de los derechos humanos. El respeto escrupuloso de los derechos humanos de aquellos que intentar entrar debe estar por encima del propio control de fronteras (en primer lugar el derecho a la vida, pero también a una acogida digna, derecho a la asistencia jurídica y a intérprete,…). Como asimismo lo están derechos humanos esenciales como el derecho al asilo y al refugio o el derecho a vivir en familia o el derecho de los menores a recibir protección….

En este sentido reclamamos que España debe ratificar el protocolo 4º de Derechos Humanos de la Unión Europea, en el que se prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes. Asimismo debe ratificar con urgencia la Convención Internacional de Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias de Naciones Unidas.
    

Es necesario, por urgentes, un cambio en las políticas migratorias:

1. Alumbrar un verdadero Plan África que apunte realmente a apoyar a los propios africanos a salir ellos mismos de la situación actual que sufre el continente. Como explicar si no el incremento espectacular (4.700 detenidos en 2005) a más de 33.000 en 2006 de la inmigración hacia Canarias.

2. Es preciso frenar la  construcción de centros en terceros países como un paso más de la externalización del problema,  las expulsiones colectivas que vulneran el protocolo 4º de DDHH de la UE,  atender las denuncias de los sindicatos policiales de las condiciones en las que se efectúa la repatriación, etc.

3. Impedir que salgan, impedir que lleguen, que se traduce en: vulneración del derecho a la vida (1.167 fallecidos en 2006), vulneración el derecho al socorro en el mar, vulneración del derecho a una acogida digna y humana (CIEs de Canarias a final de 2006), vulneración del derecho a la salud (Amnistía Internacional, asunto de las analíticas), vulneración del derecho de asilo y refugio (no se les informa, no hay traductores, no hay abogados...), vulneración del derecho a que las expulsiones no sean colectivas (graves errores que han significado cárcel y torturas en algunos países; en 2006 se repatriaron 12.000 personas), se vulnera el derecho a existir a los inexpulsables (miles de inmigrantes con el único documento de una orden de expulsión en l mano) y se vulnera el derecho a no sufrir racismo (Avalanchas, crisis, emergencia....alarmismo que refleja en el CIS)

4. En los CIE se violan los DDHH: secretismos y falta de trasparencia, arbitrariedad de las autoridades de los centros, los adultos y sus hijos son separados, falta de intérpretes, deficientes condiciones de vida, régimen de visitas arbitrario, tratamiento como pesos, abusos y malos tratos.

5. Las políticas migratorias hechas a dos velocidades: ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

6. En Málaga hemos denunciado detenciones y sobresaltos a inmigrantes que acudían a las ONGs en busca de alimentos, vestido u otro tipo de ayuda.

7. Las denuncias de la Plataforma en relación al mirar hacia otra parte el Gobierno Español y las instituciones europeas  ante  los cientos de jóvenes saharauis que huyen en patera de la represión marroquí.